Algunos se resistirán hasta el último minuto; muchos políticos, magnates y mangantes han apostado a favor de las eléctricas – cobrando por ello – y tratando de que el Pueblo siga pagando facturas injustas, puertas giratorias, chanchullos varios y también a costa de su propio medio ambiente.

Muchos países, dentro y fuera de la Unión, se prepararon para este futuro inmediato. Sin embargo, en España, un real decreto de 2014 sobre el autoconsumo eléctrico a través de alternativas a las redes eléctricas, impuso una serie de peajes y gravámenes para impedir que los consumidores pudieran rebajar su factura energética. El llamado impuesto al Sol intentaba impedir que los usuarios tuviesen baterías capaces de acumular la energía sobrante. El decreto final incluía la prohibición expresa de que varios vecinos se asociaran para producir energía y que en ningún caso un generador se pudiera conectar a una red interior de varios usuarios. Se trataba de coartar las libertades y someter a todos a la dictadura de las eléctricas. Para evitar la rebeldía de los consumidores el Gobierno creó un registro de instalaciones de autoconsumo y permitió que las mafias de las eléctricas, es decir compañías y distribuidoras, tuviesen acceso a las instalaciones de autoconsumo. El decreto de marras dificultaba e impedía en la práctica la utilización de baterías tipo Tesla que empezaban a instalarse en Estados Unidos y en otros países. La libertad se vio tan afectada como el bolsillo de los consumidores.

Sin embargo, algunas comunidades autónomas trataron de paliar el disparate con medidas territoriales. Pronto fueron censuradas y boicoteadas por un Gobierno Central, más atento a sus conveniencias que a las de sus ciudadanos. Catalunya siguió apostando por el autoconsumo eléctrico y acudió al Tribunal Constitucional que el 25 de mayo les dio la razón derogando el artículo donde se prohíbe implantar instalaciones de autoconsumo en urbanizaciones y edificios de viviendas de las que se puedan beneficiar varios usuarios. La sentencia pone de relieve que este tipo de instalaciones son un medio para poder implantar el autoconsumo al que obliga la Unión Europea a partir de 2020. El dictamen subraya que no es competencia del Estado inscribir y gestionar el registro de las instalaciones, sino a las comunidades autónomas. Y especifica que la prohibición estatal es inconstitucional. Según la OCU “Queda por fin abierta la posibilidad al autoconsumo eléctrico compartido en edificios de viviendas o urbanizaciones en nuestro país.”

Ahora sólo habrá que superar un montón de trámites burocráticos; las eléctricas  y las distribuidoras no lo pondrán fácil. La instalación de paneles para el autoconsumo y la posibilidad de compartir los excedentes y los temas de potencia y de instalación dependerán de normativas reguladoras de cada comunidad autónoma, pero el camino está abierto porque es aberrante que, a menos de tres años de esta obligación comunitaria, el Estado Español siga defendiendo los intereses de las eléctricas por encima del consumidor y que siga beneficiando a las multinacionales.

Ya ven, el día que nos auto abastezcamos será el comienzo para acabar los concursos públicos energéticos, los sueldazos de los expresidentes, las manipulaciones, las tarifas de las eléctricas y los decretos abusivos. Pero para ello tienen que cambiar muchas cosas en el Gobierno o, tal vez, el Gobierno mismo.