Los gobiernos tienen la inexcusable obligación de gobernar para el Pueblo, gestionar lo público y evitar favorecer a los de siempre. Una de las principales responsabilidades es la de procurar que la Justicia sea imparcial, rápida, transparente y eficaz. No se trata de impartir justicia, eso ya lo hace el poder judicial, se trata de promover leyes y establecer mecanismos y dotaciones humanas, técnicas y administrativas para que el llamado “tercer poder” pueda actuar con presteza y equidad.
A la vista de las próximas elecciones se debería tener muy en cuenta esta necesidad. Aquí lo importante ya no sería que ganaran los unos o los otros, aquí sería fundamental llegar al compromiso general de un pacto de Estado para reformar todo lo que frena y desvirtúa al buen hacer de tanta gente comprometida con la justicia y enviar a casa a los aprovechados, a los gandules y a todos aquellos que hacen de un derecho de la Humanidad una carrera política o un refugio de la mediocridad.
Para ilustrar lo que quiero decir, podría remitirme a un momento de la película Philadelphia que protagonizan Tom Hanks y Denzel Washington, acompañados por el actor español Antonio Banderas. En una secuencia del film, el personaje interpretado por Tom Hanks, pregunta: “¿Qué son mil abogados encadenados en el fondo del mar?”. Ante la incertidumbre de su interlocutor, Tom se autoresponde: “Un buen comienzo”. Yo no hago mío el gag de Philadelphia porque sería injusto con muchos profesionales de la justicia y de la propia judicatura; sin embargo, con más recursos, más interés por la equidad, y una firmeza absoluta en la práctica del derecho ciudadano, los legajos no se acumularían en las estanterías ni los poderosos ni las administraciones estarían siempre en ventaja frente al Pueblo.
Cada uno de ustedes podría contarme media docena de hechos que confirman lo que digo. Bien en primera persona o sucedidos a gentes muy cercanas. De todo eso se deduce que la justicia en España no marcha todo lo bien que debiera. Y a pesar de lo que digan unos y otros, no es solo cuestión de quién esté en el gobierno sino de la voluntad política de todas las formaciones. No obstante, pasan los años y cambian los gobiernos y la situación es la misma. Seguro que se preguntan el porqué y la respuesta acostumbra a ser la de la “influencia” política sobre la independencia “teórica” de la justicia, motivada por amiguismos, intereses personales y partidistas.
Órganos judiciales que deberían estar fuera de cualquier manejo externo se ven condicionados, elegidos e impuestos por los partidos. Y así nos va. Tampoco nos va mejor a nivel de juzgados y de audiencias provinciales sospechosamente y presuntamente doblegados, en muchas ocasiones, ante las intenciones de las administraciones y aquellos que disponen de buenos y caros gabinetes de abogados. Y no se escapa nadie porque los Altos Tribunales están siempre fijados y prorrateados por la influencia de las formaciones políticas.
No, no esa la justicia que desea el Pueblo. Se requiere un compromiso mayor de honestidad, transparencia e independencia. Y sobre todo, confianza. La justicia tiene los ojos tapados, pero eso no significa que tenga que sestear o mirar a otro lado cuando se la manipula.